Rechazo a incinerar basura en México



Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar

Fecha de Publicación
: 16/06/2017
Fuente: EFE
País/Región: México


La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales, sino también los convenios internacionales, advierten expertos que rechazan la construcción de una planta con esa misión.
La Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para construir una planta de termovalorización (incineración) que producirá electricidad para las doce estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe.
La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción.
Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México entre 1997 y 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración.

Convenio de Estocolmo
“México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes.
A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos.

Veolia
Según Veolia, que gestiona 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos, y es reconocido en Europa por su eficiencia energética.
Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México.
El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología, que, dijo, está respaldada por resultados satisfactorios en Europa y Asia.

Emisiones de GEI
Sin embargo, en enero de 2017 la Unión Europea advirtió de que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”.
Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medio ambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente.
El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del basurero del Bordo Poniente en 2011, el más grande de Latinoamérica, se perdió la oportunidad de implementar el modelo “basura cero”, cuyo objetivo es reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos.
“Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala.
Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura entre 1985 y 2011-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI.
“Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.
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