México: el agua en manos privadas
8:00 | 
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Ley Korenfeld vs Ley Ciudadana: por una ley de aguas que nos represente
Fecha de Publicación: 29/03/2015
Fuente: bionero.org - Jorge Tadeo Vargas
País/Región: México
El pasado cinco de marzo, la Cámara de Diputados presento y aprobó en comisiones un nuevo proyecto de Ley General de Agua; proyecto que por su misma naturaleza pretende encaminarse a fortalecer la reforma energética y continuar con el objetivo planteado desde hace años por el gobierno federal de privatizar los organismos de agua potable en todo el país. Gracias a una fuerte movilización promovida por distintas organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, medios de comunicación tanto libres como privativos se logro poner una pausa en la aportación de dicha ley y un intento de negociación por parte del gobierno federal para mantener ciertos artículos dentro de la ley mientras sacan algunos otros. Sin embargo las organizaciones que están dando la batalla mas fuerte desde distintas trincheras no están en la postura de negociar una ley que claramente no favorece el derecho al agua (ya sea esta humano o ecosistemico) sino favorece un modelo de producción-consumo basado en la extracción y la privatización de los bienes naturales. El camino que las organizaciones piden es cambiar la “Ley Korenfeld de Aguas” que es la propuesta desde La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por la Ley Ciudadana de Aguas, una propuesta en la que vienen trabajando a nivel nacional muchos grupos especialistas en el tema y que recoge basados en la mejor ciencia la información necesaria para hacer una Ley General de Aguas que vaya en la dirección de promover el Derecho al Agua, tanto ecosistemico como humano antes de la privatización de este bien natural que es el motor principal de las comunidades.
¿Que es lo que busca la Ley Korenfeld de Aguas?
Lo primero que se observa en esta ley es la falta de conocimiento por parte de los diputados y diputadas en materia de manejo y gestión de agua, no solo por lo que dicen los estándares internacionales sobre el derecho al agua, sino por la propia constitución que en la reforma al articulo cuatro dice lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” El intento del Estado de privatizar los Organismos de Agua Potable, de desaparecer los Comités Ciudadanos para el Manejo del Agua Potable que con sus bemoles funcionan, no del todo bien, pero son algo para reforzar y no desaparecerlos, es el primer indicio de que esta nueva ley no va en el sentido de nuestra constitución, sino en el sentido de seguir promoviendo el modelo de producción-consumo que tenemos actualmente, causante directo de la crisis socio-ambiental que estamos viviendo.
Por si esto fuera poco, la privatización de los Organismos de Agua Potable, ejercicio comprobado a nivel internacional y nacional que no funciona, sino todo lo contrario, es un fracaso en su operación y mantenimiento; ciudades como Torreón, Cancun entre otras son claro ejemplo de que esta no es una opción ni en términos sociales, ni económicos para darle servicio a la población. También tenemos el intento de reforzar la reforma energética, donde proyectos extractivos tendrán una preferencia sobre proyectos de agricultura familiar por poner un ejemplo. Esta nueva ley contempla, la expropiación de tierras para la construcción de hidroeléctricas, los proyectos mineros o de extracción de gas shale no necesitaran concesión para construir pozos para extraer el agua que necesiten para sus procesos, es decir, con el permiso de SEMARNAT podrán usar toda el agua que necesiten, aunque esto sea entrar en una competencia desigual con los pobladores cercanos; competencia que tienen perdida, pues es una competencia donde las corporaciones tienen al gobierno federal de su lado, pues en las reformas que vienen a servir de apoyo a esta ley se contempla el uso de la fuerza publica para, en palabras de ellos: “defender la inversión privada ante el descontento de unos cuantos” Es decir con esta ley y las reformas estamos desamparados por parte del Estado ante el despojo y la violencia.
Aunque estas son los artículos mas peligrosos en el sentido de que van directamente a beneficiar a ciertos grupos de poder, a la privatización directa del agua, a seguir perpetuando un modelo de producción-consumo en franca decadencia; existen otros artículos que son de mucho riesgo para el trabajo comunitario y/o el quehacer científico en general, como lo es el articulo que criminaliza el monitoreo y el análisis del agua por centros de investigación sin la autorización de CONAGUA para llevarlos a cabo. El derecho a la información basada en la mejor ciencia, a la autonomía de los investigadores y los centros de investigación se ven en riesgo, pues hacer este monitoreo y análisis puede llevarlos a pagar multas de mucho dinero incluso la cárcel. Si de por si los presupuestos para un trabajo serio cada vez son menores, especialmente con los recortes presupuestales, esta nueva ley obstaculizara mas la investigación, dejando a las comunidades con menos información que les dará por consiguiente menor espectro de acción en la defensa del agua.
¿Y la propuesta ciudadana?
Desde el 2012 un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil, principalmente ambientales y de Derechos Humanos se dieron a la tarea de trabajar en una ley ciudadana de aguas. Esta fue una tarea titanica, pues la propuesta fue de recoger las opiniones del mayor grupo posible de ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional; logrando con esto una propuesta de ley que promovía el Derecho Humano al Agua, teniendo como eje rector el articulo cuarto de nuestra constitución así como los estándares internacionales al respecto; reforzaba los comités ciudadanos como el modelo para los organismos de agua potable municipales y ponía en primer lugar a las comunidades rurales y la naturaleza antes que el modelo de producción-consumo, es decir, esta propuesta no era una tapadera legal para la privatización del agua en todas sus formas; desde las cuencas hasta la distribución urbana, sino que intenta ser una ley que proteja y ampare a la naturaleza y los humanos en el manejo y gestión del agua.
Dicha ley; conocida ampliamente por muchos y muchas diputadas no fue tomada en cuenta al momento de promover la nueva Ley General de Aguas; al contrario fue ignorada por completo para darle paso a este intento de privatización, al cual ha sido pausado por la enorme movilización que se ha dado en estas semanas para descartarla y promover un legislación mucho mas sensible de las necesidades de una gestión y manejo de aguas que sirva como motor de un desarrollo sustentable y sostenible. El camino aun es largo pero las miles de personas a nivel nacional que se están movilizando nos dan un panorama que si bien no es del todo optimista al menos dan claridad de que esto no sera una ley que se apruebe sin una pelea por parte de la sociedad civil, misma que es quien debe decidir cual es la ley que mas les conviene, cual nos representa mejor.
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Fecha de Publicación: 29/03/2015
Fuente: bionero.org - Jorge Tadeo Vargas
País/Región: México
El pasado cinco de marzo, la Cámara de Diputados presento y aprobó en comisiones un nuevo proyecto de Ley General de Agua; proyecto que por su misma naturaleza pretende encaminarse a fortalecer la reforma energética y continuar con el objetivo planteado desde hace años por el gobierno federal de privatizar los organismos de agua potable en todo el país. Gracias a una fuerte movilización promovida por distintas organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, medios de comunicación tanto libres como privativos se logro poner una pausa en la aportación de dicha ley y un intento de negociación por parte del gobierno federal para mantener ciertos artículos dentro de la ley mientras sacan algunos otros. Sin embargo las organizaciones que están dando la batalla mas fuerte desde distintas trincheras no están en la postura de negociar una ley que claramente no favorece el derecho al agua (ya sea esta humano o ecosistemico) sino favorece un modelo de producción-consumo basado en la extracción y la privatización de los bienes naturales. El camino que las organizaciones piden es cambiar la “Ley Korenfeld de Aguas” que es la propuesta desde La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por la Ley Ciudadana de Aguas, una propuesta en la que vienen trabajando a nivel nacional muchos grupos especialistas en el tema y que recoge basados en la mejor ciencia la información necesaria para hacer una Ley General de Aguas que vaya en la dirección de promover el Derecho al Agua, tanto ecosistemico como humano antes de la privatización de este bien natural que es el motor principal de las comunidades.
¿Que es lo que busca la Ley Korenfeld de Aguas?
Lo primero que se observa en esta ley es la falta de conocimiento por parte de los diputados y diputadas en materia de manejo y gestión de agua, no solo por lo que dicen los estándares internacionales sobre el derecho al agua, sino por la propia constitución que en la reforma al articulo cuatro dice lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” El intento del Estado de privatizar los Organismos de Agua Potable, de desaparecer los Comités Ciudadanos para el Manejo del Agua Potable que con sus bemoles funcionan, no del todo bien, pero son algo para reforzar y no desaparecerlos, es el primer indicio de que esta nueva ley no va en el sentido de nuestra constitución, sino en el sentido de seguir promoviendo el modelo de producción-consumo que tenemos actualmente, causante directo de la crisis socio-ambiental que estamos viviendo.
Por si esto fuera poco, la privatización de los Organismos de Agua Potable, ejercicio comprobado a nivel internacional y nacional que no funciona, sino todo lo contrario, es un fracaso en su operación y mantenimiento; ciudades como Torreón, Cancun entre otras son claro ejemplo de que esta no es una opción ni en términos sociales, ni económicos para darle servicio a la población. También tenemos el intento de reforzar la reforma energética, donde proyectos extractivos tendrán una preferencia sobre proyectos de agricultura familiar por poner un ejemplo. Esta nueva ley contempla, la expropiación de tierras para la construcción de hidroeléctricas, los proyectos mineros o de extracción de gas shale no necesitaran concesión para construir pozos para extraer el agua que necesiten para sus procesos, es decir, con el permiso de SEMARNAT podrán usar toda el agua que necesiten, aunque esto sea entrar en una competencia desigual con los pobladores cercanos; competencia que tienen perdida, pues es una competencia donde las corporaciones tienen al gobierno federal de su lado, pues en las reformas que vienen a servir de apoyo a esta ley se contempla el uso de la fuerza publica para, en palabras de ellos: “defender la inversión privada ante el descontento de unos cuantos” Es decir con esta ley y las reformas estamos desamparados por parte del Estado ante el despojo y la violencia.
Aunque estas son los artículos mas peligrosos en el sentido de que van directamente a beneficiar a ciertos grupos de poder, a la privatización directa del agua, a seguir perpetuando un modelo de producción-consumo en franca decadencia; existen otros artículos que son de mucho riesgo para el trabajo comunitario y/o el quehacer científico en general, como lo es el articulo que criminaliza el monitoreo y el análisis del agua por centros de investigación sin la autorización de CONAGUA para llevarlos a cabo. El derecho a la información basada en la mejor ciencia, a la autonomía de los investigadores y los centros de investigación se ven en riesgo, pues hacer este monitoreo y análisis puede llevarlos a pagar multas de mucho dinero incluso la cárcel. Si de por si los presupuestos para un trabajo serio cada vez son menores, especialmente con los recortes presupuestales, esta nueva ley obstaculizara mas la investigación, dejando a las comunidades con menos información que les dará por consiguiente menor espectro de acción en la defensa del agua.
¿Y la propuesta ciudadana?
Desde el 2012 un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil, principalmente ambientales y de Derechos Humanos se dieron a la tarea de trabajar en una ley ciudadana de aguas. Esta fue una tarea titanica, pues la propuesta fue de recoger las opiniones del mayor grupo posible de ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional; logrando con esto una propuesta de ley que promovía el Derecho Humano al Agua, teniendo como eje rector el articulo cuarto de nuestra constitución así como los estándares internacionales al respecto; reforzaba los comités ciudadanos como el modelo para los organismos de agua potable municipales y ponía en primer lugar a las comunidades rurales y la naturaleza antes que el modelo de producción-consumo, es decir, esta propuesta no era una tapadera legal para la privatización del agua en todas sus formas; desde las cuencas hasta la distribución urbana, sino que intenta ser una ley que proteja y ampare a la naturaleza y los humanos en el manejo y gestión del agua.
Dicha ley; conocida ampliamente por muchos y muchas diputadas no fue tomada en cuenta al momento de promover la nueva Ley General de Aguas; al contrario fue ignorada por completo para darle paso a este intento de privatización, al cual ha sido pausado por la enorme movilización que se ha dado en estas semanas para descartarla y promover un legislación mucho mas sensible de las necesidades de una gestión y manejo de aguas que sirva como motor de un desarrollo sustentable y sostenible. El camino aun es largo pero las miles de personas a nivel nacional que se están movilizando nos dan un panorama que si bien no es del todo optimista al menos dan claridad de que esto no sera una ley que se apruebe sin una pelea por parte de la sociedad civil, misma que es quien debe decidir cual es la ley que mas les conviene, cual nos representa mejor.
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