El agua de México en manos de privados, y por Ley
8:00 | 
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Eco Sitio |
10 'focos rojos' en la iniciativa de Ley de Aguas, según ONG
Fecha de Publicación: 11/03/2015
Fuente: CNN México
País/Región: México
Organizaciones consideran que el documento a debate en San Lázaro favorecería a las empresas al darles control del líquido y las tarifas
La nueva Ley General de Aguas va a permitir una especie de privatización, en la que las empresas dispongan del recurso y fijen las tarifas para poder recuperar su inversión, denunciaron este lunes organizaciones sociales agrupadas en el colectivo Agua para todos. Agua para la vida.
Por ese motivo, convocaron a una manifestación afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 10:00 horas (local) de este martes, día que se tenía previsto para que el pleno de la Cámara de Diputados votara el dictamen.
Sin embargo, ante la controversia que el tema ha provocado, el líder de la bancada priista, Manlio Fabio Beltrones, anunció que el debate se pospondrá para escuchar y atender las dudas que haya.
En rueda de prensa, integrantes del colectivo que se opone a esta iniciativa dijeron que han reunido firmas de 5,000 ciudadanos y 6,000 científicos y académicos que exigen frenar el documento.
Además, presentaron los 10 focos rojos que advierten en la propuesta.
1. Privatización del agua vía grandes obras hidráulicas y sistemas municipales. El ejemplo emblemático, dijeron, es el acueducto Monterrey VI para llevar agua del Río Pánuco a la capital de Nuevo León, concesionado a Grupo Higa e ICA por 27 años. Este modelo, aseguran las organizaciones, sería replicado por todo el país.
2. Altas tarifas. Para las ONG, las empresas tendrían garantizada la recuperación de su inversión a costa de las tarifas cobradas al usuario final o recursos del gobierno. "Vamos a estar subsidiando al sector privado a través de la tarifa, a través de inversiones directas y a través del subsidio a los sectores vulnerables", aseguró Elena Burns, de Agua para todos.
3. Asegurarle el agua al 'fracking' y las mineras. La nueva ley no menciona como tal la fracturación hidráulica (método que requiere grandes cantidades de agua para obtener gas shale), pero dice que habrá concesiones para "uso industrial", que incluye la extracción de cualquier sustancia, mientras que para las mineras no se requeriría concesión. Los activistas denunciaron que esta ley es un brazo ejecutor de la reforma energética aprobada a finales de 2013 y reglamentada en 2014, que completa el despojo del subsuelo.
4. Sobreexplotación de cuencas y despojo a comunidades para darle el agua a grandes corporaciones. Las concesiones las seguiría otorgando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a discreción, por entre cinco y 30 años; los ejidatarios tendrían que solicitar ser concesionarios para manejar el agua de sus tierras, y los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados a empresas.
5. Opacidad. Las ONG también advierten toma de decisiones a espaldas de la ciudadanía y uso de la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones de la autoridad. Los activistas aseguran que la Conagua siempre les ha dejado claro que ellos tienen la última palabra sobre las obras a ejecutar y a qué empresas asignárselas, y la ley solo prevé consultas con los concesionarios.
6. La definición del "derecho humano al agua" como solo 50 litros por día. Las organizaciones recordaron que en noviembre de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera satisfecho este derecho con el abasto de entre 50 y 100 litros diarios por persona. Así que, en su opinión, la ley se está quedando corta.
7. Impunidad a contaminadores. Para las ONG, las auditorías y evaluaciones de cumplimiento serían por "participación voluntaria".
8. Desentenderse frente a desastres por fenómenos naturales. La ley dice que la población por sí misma, con auxilio de la autoridad, debe implementar medidas para conservar y disponer de agua en caso de emergencia.
9. Inacción frente a la mala calidad del agua potable. Según los activistas, la Conagua no tiene ninguna medida para revertir el hecho de que 33% de las poblaciones urbanas depende de acuíferos con niveles tóxicos de arsénico, flúor y/o plomo.
10. Análisis limitados. También consideran que se prohíben estudios independientes sobre el agua, pues se sancionaría a quien haga exploración, estudio, monitoreo u obras de remediación sin permiso.
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Fecha de Publicación: 11/03/2015
Fuente: CNN México
País/Región: México
Organizaciones consideran que el documento a debate en San Lázaro favorecería a las empresas al darles control del líquido y las tarifas
La nueva Ley General de Aguas va a permitir una especie de privatización, en la que las empresas dispongan del recurso y fijen las tarifas para poder recuperar su inversión, denunciaron este lunes organizaciones sociales agrupadas en el colectivo Agua para todos. Agua para la vida.
Por ese motivo, convocaron a una manifestación afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 10:00 horas (local) de este martes, día que se tenía previsto para que el pleno de la Cámara de Diputados votara el dictamen.
Sin embargo, ante la controversia que el tema ha provocado, el líder de la bancada priista, Manlio Fabio Beltrones, anunció que el debate se pospondrá para escuchar y atender las dudas que haya.
En rueda de prensa, integrantes del colectivo que se opone a esta iniciativa dijeron que han reunido firmas de 5,000 ciudadanos y 6,000 científicos y académicos que exigen frenar el documento.
Además, presentaron los 10 focos rojos que advierten en la propuesta.
1. Privatización del agua vía grandes obras hidráulicas y sistemas municipales. El ejemplo emblemático, dijeron, es el acueducto Monterrey VI para llevar agua del Río Pánuco a la capital de Nuevo León, concesionado a Grupo Higa e ICA por 27 años. Este modelo, aseguran las organizaciones, sería replicado por todo el país.
2. Altas tarifas. Para las ONG, las empresas tendrían garantizada la recuperación de su inversión a costa de las tarifas cobradas al usuario final o recursos del gobierno. "Vamos a estar subsidiando al sector privado a través de la tarifa, a través de inversiones directas y a través del subsidio a los sectores vulnerables", aseguró Elena Burns, de Agua para todos.
3. Asegurarle el agua al 'fracking' y las mineras. La nueva ley no menciona como tal la fracturación hidráulica (método que requiere grandes cantidades de agua para obtener gas shale), pero dice que habrá concesiones para "uso industrial", que incluye la extracción de cualquier sustancia, mientras que para las mineras no se requeriría concesión. Los activistas denunciaron que esta ley es un brazo ejecutor de la reforma energética aprobada a finales de 2013 y reglamentada en 2014, que completa el despojo del subsuelo.
4. Sobreexplotación de cuencas y despojo a comunidades para darle el agua a grandes corporaciones. Las concesiones las seguiría otorgando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a discreción, por entre cinco y 30 años; los ejidatarios tendrían que solicitar ser concesionarios para manejar el agua de sus tierras, y los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados a empresas.
5. Opacidad. Las ONG también advierten toma de decisiones a espaldas de la ciudadanía y uso de la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones de la autoridad. Los activistas aseguran que la Conagua siempre les ha dejado claro que ellos tienen la última palabra sobre las obras a ejecutar y a qué empresas asignárselas, y la ley solo prevé consultas con los concesionarios.
6. La definición del "derecho humano al agua" como solo 50 litros por día. Las organizaciones recordaron que en noviembre de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera satisfecho este derecho con el abasto de entre 50 y 100 litros diarios por persona. Así que, en su opinión, la ley se está quedando corta.
7. Impunidad a contaminadores. Para las ONG, las auditorías y evaluaciones de cumplimiento serían por "participación voluntaria".
8. Desentenderse frente a desastres por fenómenos naturales. La ley dice que la población por sí misma, con auxilio de la autoridad, debe implementar medidas para conservar y disponer de agua en caso de emergencia.
9. Inacción frente a la mala calidad del agua potable. Según los activistas, la Conagua no tiene ninguna medida para revertir el hecho de que 33% de las poblaciones urbanas depende de acuíferos con niveles tóxicos de arsénico, flúor y/o plomo.
10. Análisis limitados. También consideran que se prohíben estudios independientes sobre el agua, pues se sancionaría a quien haga exploración, estudio, monitoreo u obras de remediación sin permiso.
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